Acceso a la información pública

Una mano con manga de traje toca una interfaz holográfica futurista que muestra un mapa mundial en tonos azules. En el punto de contacto, una luz brillante resalta una región del globo, rodeada de gráficos, estadísticas, iconos de análisis y elementos tecnológicos flotantes. El fondo sugiere un centro de datos o sala de control digital. La imagen simboliza la interacción humana con sistemas globales de inteligencia, toma de decisiones estratégicas en tiempo real o la gestión de operaciones internacionales mediante tecnología avanzada.
Diana Yulieth Socha Hernández
Diana Yulieth Socha Hernández

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En mi profesión como periodista he consultado las páginas oficiales de entidades públicas para sustentar información, también he recurrido a la solicitud formal por medio de una carta o un correo electrónico, pidiendo datos, o que respondieran preguntas sobre algunos temas que tienen que ver con el orden público. Estas entidades siempre me respondieron.

Este es un derecho de todo ciudadano, no solo para quienes trabajamos en el periodismo. A veces, ejercer este derecho comienza con una necesidad muy concreta, por ejemplo, saber cómo se invierte el dinero en tu barrio, entender cómo se asigna un cupo escolar, conocer los resultados de una política pública, pero termina transformándose en algo más grande: una conciencia más activa, más vigilante y más comprometida con lo público.

El acceso a la información pública es definido por la experta Helen Darbishire, directora de Access Info Europe, como: “La información pública es un bien público. No es propiedad de los gobiernos, sino de la ciudadanía a la que sirven”.

El acceso a la información es un derecho conectado con otros: libertad de expresión, participación ciudadana y vigilancia del poder. Para la UNESCO, es “la piedra angular de las sociedades abiertas y del buen gobierno”.

¿Cómo ejercer este derecho en la práctica?

  1. Identifica la entidad que tiene los datos: alcaldías, ministerios, hospitales, agencias.
  2. Presenta una solicitud formal: en la mayoría de países puede hacerse por correo o formularios web.
  3. Pregunta de forma clara y concreta: ¿Qué documento? ¿Qué fecha? ¿Qué tipo de información?
  4. Guarda copia de la solicitud.

Si no responden, hay mecanismos de apelación: personería, defensorías, tribunales administrativos. En muchos países latinoamericanos, las entidades están obligadas a responder en 10–15 días hábiles.

¡La transparencia empieza cuando preguntas!

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Referencias: BlogHelen DarbiShire UNESCO

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