Entre la Algocracia y la Represión Social
La noción tradicional de ciudadanía, definida como un estatus legal dentro del Estado-nación, está experimentando una profunda transformación debido a la irrupción de las tecnologías digitales. La «ciudadanía digital» es hoy un campo de práctica activa que redefine la relación con el poder, articulada menos en la posesión de un pasaporte y más en el ejercicio de nuevos derechos clave como la privacidad y la seguridad digital. Este nuevo ámbito de acción se desarrolla en la «infosfera», un espacio global de información donde las interacciones humanas y las identidades políticas se reconfiguran.
Esta metamorfosis presenta una dualidad fundamental, por un lado, ofrece oportunidades para la ciberdemocracia y la acción colectiva, por otro, inaugura riesgos sistémicos de manipulación y control algorítmico. La relación de poder, que era vertical (Individuo-Estado) en la noción clásica, se vuelve horizontal y en red (Individuo-Red-Estado) en el entorno digital.
El optimismo democrático se ha manifestado en la expansión global del e-gobierno (E-Government), cuyo Índice de Desarrollo (EGDI) ha aumentado, con Uruguay, Chile, Argentina y Brasil liderando el desarrollo digital en las Américas. Este avance es cívico, pues la ONU reconoce la «identidad digital legal» como crucial para el acceso a servicios básicos y el ejercicio pleno de la ciudadanía (ODS 16.9). Mecanismos como las Consultas Públicas Digitales (ejemplo en Argentina) y la Veeduría Ciudadana Digital (ejemplo en Colombia) permiten la participación directa. No obstante, persiste una disparidad persistente en el rendimiento del e-gobierno a nivel local (LOSI), lo cual corre el riesgo de convertir la plataforma estatal en un mero proveedor de servicios abstractos, en lugar de un ágora local para la deliberación.
Paralelamente, la acción colectiva está reconfigurando la protesta. Manuel Castells describe el espacio híbrido, donde la indignación se viraliza en el espacio de los flujos (Internet) y solo se consolida como fuerza política al ocupar el espacio de los lugares (calles y plazas). Este activismo es inherentemente híbrido; incluso las acciones de baja intensidad o slacktivismo son cruciales para generar la concientización global necesaria para la movilización física. En el ámbito laboral, los sindicatos se enfrentan al algoritmo que gestiona el trabajo, exigiendo transparencia algorítmica bajo el lema tu algoritmo, nuestros derechos.
El potencial democrático se ve frustrado por riesgos estructurales y en algunos casos estatales. Una barrera es la «brecha social» o «apatridia» generada por la falta de acceso o alfabetización digital. Además, la arquitectura de las plataformas impone burbujas de Filtro, que segmentan el diálogo, descartando activamente contenido opuesto. Esto desestimula el conocimiento de opiniones contrarias, un elemento clave para el pluralismo y el consenso, agudizando la polarización.
El riesgo más profundo es la «Algocracia», un modelo de gobernanza que modifica la democracia representativa al reemplazar la deliberación pública por «procedimientos automatizados de análisis estadísticos de datos». Los detractores señalan que esta inteligencia extractiva gestiona y controla la participación, en lugar de potenciar la inteligencia colectiva de Lévy.
Este control algorítmico «blando» se combina con la represión «dura» del Estado. Los hallazgos del Civicus Monitor 2024 son alarmantes: 7 de cada 10 personas viven en países con espacio social «Cerrado» o «Reprimido», siendo la detención de manifestantes la violación global número uno. Esto se evidencia en casos como la promulgación de la «ley anti-ONG» en Paraguay, que impone cargas administrativas excesivas con el fin de «silenciar la protesta social».
La ciudadanía digital está atrapada en esta pues, si supera el control algorítmico y logra organizarse, se enfrenta a la represión estatal y las leyes restrictivas.
La misma infraestructura de e-gobierno se transforma en vigilancia (el panóptico digital), como se observó con las coronapps durante la pandemia, donde gobiernos como Argentina, Chile y México utilizaron datos sensibles de forma no anonimizada. La vigilancia se normaliza como la condición de entrada para acceder a un servicio público.
La identidad política resultante es frágil, nómada e inestable. Es frágil porque está constantemente segmentada por burbujas de filtro y es nómada porque fluye de una causa a otra. Para evitar que la ciudadanía digital se convierta en vigilancia automatizada, la respuesta debe ser ética y política. Se requiere urgentemente Alfabetización Mediática (enseñar cómo funcionan los algoritmos) y Regulación Democrática de Algoritmos para exigir transparencia y auditabilidad. Además, es crucial la Defensa del Espacio Cívico y el fortalecimiento del e-gobierno local (LOSI) para hacer la participación comunitaria de la tecnología.